Todo interés de parte del Estado en lo que respecta a software Libre nos parece festejable. Pero es una sensación extraña, es como estar alegres de que un país se preocupe por su soberanía, por su independencia, por su libertad, por el bienestar de sus integrantes.
Uruguay dio un paso hacia adelante que por lo menos es interesante en materia de software libre. Se trata de la Ley de software libre y formatos abiertos en el Estado.
Esta ley es producto de casi diez años de anteproyectos que parecían tener siempre como destino el archivo. Tal parece que quienes se encargaban de que la soberanía quede en el olvido sufrieron algún tipo de distracción y la ley terminó avanzando y, peor para ellos, aprobándose.
La ley, según indican medios uruguayos, se basa en cinco obligaciones principales que serían las siguientes:
- Obligación para cualquier organismo dependiente o ligado al Estado de “distribuir toda la información en al menos un formato, estándar y libre”.
- Preferencia en la contratación de licencias a desarrollos de software libre, excepto cuando éste no cumpla las exigencias técnicas.
- Promoción del uso del software libre en el sistema educativo.
- Plazo de 180 días desde la aprobación de esta ley para que el Poder Ejecutivo organice la transición.
- Aclaración sobre qué software es considerado como libre, formatos abiertos y formatos estándar.
Se trata en realidad de otro intento pseudoprogre de mejorar las cosas, pero continuando con lo mismo. Obligar al estado o cualquier organismo dependiente a difundir la información en»al menos un formato, estándar y libre» es una forma igual de cómplice de los monopolios. El problema del estado no es sólo que discrimina a los usuarios de software libre, sino que fomenta el uso de software privativo. Si las medidas no apuntan a modificar esa realidad, por más que se difunda material en formatos libres, sólo dará el gusto a quienes usamos este software. El punto clave es NO distribuir formatos privativos para desalentar su utilización.
Cuando un Estado necesita de un software con el que no cuenta, debe apostar a su desarrollo, haciéndolo bajo estándares y licencias libres
El segundo punto tiene también un bache. Cuando un Estado necesita de un software con el que no cuenta, debe apostar a su desarrollo, haciéndolo bajo estándares y licencias libres. El concepto de las «exigencias técnicas» es tan subjetivo, que se corre el riesgo de que, producto de presiones, costumbres o hasta cuestiones tan disparatadas como el gusto, todo el software del estado siga siendo privativo porque un técnico pagado por -integrante de- monopolios del software privativo puede manifestar que el software que se intenta implementar no cumple con los requisitos necesarios.
Tal vez, Daisy Torné, diputada que habló con la prensa al respecto, no haya advertido esto pues manifiesta todo lo contrario: «Cuando uno quiere lograr que el Estado funcione de determinada manera lo tiene que decir por ley. Lo que queremos es que el Estado utilice el software libre, que lo promueva, que lo promueva en el sistema educativo, que prefiera utilizar formatos estándar abiertos y libres, antes de privativos. Por lo tanto, si no lo hace, tiene que ser por una razón muy fundada y lo tendrá que poner por escrito. Tenemos que darle una discrecionalidad, no creemos en el mercado libre que ya demostró lo que es».
Discursos que tergiversan la realidad. Leyes que fortalecen el mundo que ya tenemos.
En fin, hay mucha tela para cortar y todavía mucho por hacer en esto de que los estados no se prostituyan instalando software que tiene el objetivo de sumir a sus usuarios, en Argentina por ejemplo el estado nacional anuncia que Huayra es libre y que es el primer GNU/Linux argentino a viva voz, cuando se trata claramente de dos mentiras, una peor que la otra, que se vierten con el objetivo de deformar lo que sabemos de nosotros mismos.
Claro, es mejor el 50% de algo que el 100% de nada, y debemos reconocer como un avance tanto leyes como la uruguaya como que el estado argentino desarrolle un GNU/Linux, pero no podemos aplaudir tan pequeños avances cuando lo que se hace tiene que ver con discursos y no con hechos. Huayra no es ni libre ni el primer GNU/Linux argentino, Uruguay, sigue supeditada a la voluntad de algunas personas. Pero ambos países vociferan lo contrario.
Habrá que seguir peleando.
¡Happy Hacking!