Ocho de los nueve cables submarinos que unen América del Sur con Europa pasan por EEUU. Algo muy grave porque, además, la ciudad brasileña Fortaleza está más cerca de la península Ibérica que de Miami. El noveno es un cable obsoleto y saturado, de modo que el 99% del tráfico de Internet desde Sudamérica es controlado desde Washington.
El dato fue proporcionado por la compañía española Eulalink cuando presentó el proyecto de cable submarino que comenzará a operar en 2018, uniendo Brasil con Sines (Portugal) y Madrid, sin pasar por Estados Unidos. El cable tendrá una gran capacidad, nada menos que 72 Tbps (terabits por segundo), siete veces más que la información que América Latina trasmite actualmente al resto del mundo.
Se trata de un pequeño e insuficiente paso, toda vez que la región presenta un panorama absurdo: un correo electrónico entre Santiago de Chile y Buenos Aires (dos ciudades separadas por 1.400 kilómetros), recorre más de 15.000 kilómetros, primero por el océano Pacífico para llegar a la costa de California, luego atraviesa EEUU hasta Miami y finalmente se hunde en el Atlántico hasta llegar a la capital argentina. En paralelo, la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile (Subtel) y la compañía Huawei de China, firmaron un acuerdo de pre-factibilidad técnica para el desarrollo de una conexión directa entre Asia y Chile a través de un cable de fibra óptica que unirá China con el país andino a través del Océano Pacífico.
Son pequeños avances en dirección a la independencia en materia de comunicaciones. Hace apenas cinco años la UNASUR había decidido construir un anillo de fibra óptica para permitir la interconexión directa de los países de la región. El objetivo era superar la eterna dependencia económica, política y cultural. Un país como Brasil, que pretende ser una potencia global emergente, vive una grave dependencia en las comunicaciones: el 46% de su tráfico internacional de Internet viene de fuera del país, y de esa cantidad el 90% hace una «parada» (pitstop) en Estados Unidos.
En cuanto a la región en su conjunto, el 80% del tráfico internacional de datos de América Latina pasa por Estados Unidos, el doble que Asia y cuatro veces el porcentaje de Europa. Esto hace que las comunicaciones sean más caras.
El entonces ministra de Industria y Energía de Uruguay, Roberto Kreimerman, señaló luego de la cumbre de UNASUR en Asunción, en 2011, que hay varias razones por las cuales se tomó una decisión de construir el anillo sudamericano: «Los costos actuales son muy elevados ya que en el conjunto de la región lo que se paga a las propietarias de los cables submarinos y las conexiones con los países desarrollados suponen entre el 30 y el 50% del precio final».
La otra razón de peso hace referencia a la soberanía nacional, algo que quedó en evidencia cuando las agencias estadounidenses controlaban las comunicaciones de la presidenta Dilma Rousseff, lo que provocó una crisis diplomática entre ambos países.
El proyecto inicial de UNASUR pasaba por un relevamiento y mapeo de todas las redes existentes en cada uno de los países. Luego se establecieron tres etapas: la conexión de los puntos físicos ubicados en las fronteras, como Argentina, Paraguay, Venezuela Bolivia y Uruguay, y en la siguiente etapa las empresas estatales de comunicaciones, como Telebras de Brasil y Arsat de Argentina, y también las privadas, realizarían el tendido de sus redes. Estaba previsto que el anillo de fibra óptica tuviera una extensión de 10.000 kilómetros y fuera gestionado por las empresas estatales de cada país para que las comunicaciones sean más seguras y baratas. La conexión directa aumentaría la velocidad de conexión entre un 20 y un 30% y sus costos serían menores.
El proyecto implicaba la instalación de varios cables submarinos. Uno de ellos entre Brasil y Estados Unidos, que permite también la conexión con Colombia y Venezuela. Un segundo cable se proponía unir el continente directamente con Europa pasando por Cabo Verde, y un tercero unirá Fortaleza (norte de Brasil) con Angola (África) con una derivación hacia Argentina y Uruguay. La empresa encargada de la construcción de buena parte del anillo óptico era la estatal Eletrobrás y la financiación estaba a cargo del banco de desarrollo BNDES.
Todo esto ha quedado paralizado con la crisis política y los cambios de gobiernos que afectan a los principales países de la región, en particular a Brasil, el país que propuso y diseñó los nuevos tendidos de cables de Internet.
Ahora los pasos que se siguen no son ya de carácter regional sino bilateral, como el caso de Brasil con España y de Chile con China. El gobierno de Michelle Bachelet destacó la importancia que el proyectado puente de comunicación directa entre Asia y Latinoamérica tendrá de cara al desarrollo futuro de las telecomunicaciones en la zona. En 2015 la UNASUR y la Corporación Andina de Fomento llegaron a un acuerdo para construir una «Red de Conectividad Suramericana para la Integración» con una inversión de un millón y medio de dólares. El entonces secretaria general de UNASUR, Ernesto Samper, recordó que la velocidad de internet en América del Sur es ocho veces más lenta que la de otros países del mundo, lo que supone una traba para el desarrollo.
Samper también aseguró que la red de conectividad ampliará la seguridad y defensa de la región en el área cibernética. «No es un asunto sobre seguridad física, que afecte a las personas a través de un enfrentamiento armado, ni de cuánto se equipan militarmente los países para defenderse unos de otros; sino de otro tipo de defensa colectiva, como la ciberdefensa», dijo Samper.
Sin embargo, en los dos últimos años no hubo ningún avance consistente en esa dirección. Habrá que esperar que la región supere la crisis política y el viraje conservador, para que se retomen los proyectos que prometían ingresar en una era de independencia en las telecomunicaciones.
