Empresas proveedoras de Internet buscan cobrar por el uso aplicaciones

Desde hace tiempo las proveedoras de Internet están presionando en todo el globo para cobrar una tasa especial, una suerte de peaje, a toda aquella persona o institución (pública o privada) que opere sobre sus redes, sí, además de la tarifa mensual por acceder a Internet, que ya pagamos. No tengo la frase textual, pero la presidente de Telefónica Argentina sostuvo que WhatsApp realiza operaciones multimillonarias sobre la red sin que a las empresas que proveen Internet obtengan un beneficio por eso. Según dicen, y en Europa lo están haciendo por vía judicial, las desarrolladoras de WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger y similares deben pagarles por el uso que hacen de las redes de datos. Algo que sólo sería posible, lógico y legal si fueran dueñas de las redes, algo totalmente falso.

Según afirman, todas estas aplicaciones y servicios se fundamentan en la comunicación entre usuarias a través de redes establecidas (sean móviles, fibra, ADSL, es lo miso) y que estas empresas no abonan un sólo centavo a las operadoras que mantienen las redes. En España, el país que puso un impuesto a la energía solar que la hace inviable en los hogares que ya la equipaban, evalúan la posibilidad de “imponer obligaciones regulatorias” a WhatsApp y compañía. Según argumentan, son servicios de uso mayoritario que, sin embargo, no retornan ningún beneficio a quienes sustentan las redes de comunicación.

Tal vez parezca una obviedad, pero lo resalto por si no asoma todavía el tema: ¿quiénes pagan esas redes? ¿de quiénes son?

Hace algunos años, no sin soberbia ni ataques de futoróloga, se me ocurrió que pueden apagar Internet. Pero no porque puedan detener los movimientos que la red genera, sino porque hasta la fecha y aunque Internet sea considerado un derecho humano, la propiedad de las redes y las responsabilidades que caben en la prestación de los servicios de Internet no se ponen de manifiesto.

No sé qué opines vos, pero viendo las dos preguntas de más arriba yo contesto: nosotras y nuestras. Somos las usuarias las que costeamos todos esos servicios, porque se nos cobra una tarifa para poder conectarnos a la red. La propiedad social de estas redes es innegable, las proveedoras de Internet no son más que prestadoras, pero se están poniendo en un lugar que corresponde al Estado, que parece mirar para un costado y dejar que sucedan absurdos como el que platean, que sin mucho esfuerzo puede extrapolarse a que pronto deban ganar un porcentaje sobre todos los negocios que se hace en Internet. Imaginate la cantidad de plata que el estado debería pagar todos los meses, ya que la red es la que posibilita las operaciones bancarias.

El precedente que sientan acciones de este tipo son nefastas pero no dejan de ser disparatadas: el mismo argumento que las ISP podrían utilizar una importante cantidad de empresas y atentar contra los derechos de las personas de manera cruel, como puede ser una constructora de caminos que pretende cobrar una tarifa por todo lo que se transporta por una ruta ya que aunque cobró por su trabajo, el hecho de que por esa ruta transite todo el comercio terrestre de un país no les genera ningún beneficio.

Por otra parte, este tipo de maniobras atentan directamente contra la neutralidad de la red, un principio democrático -que forma parte del derecho positivo en Argentina y muchos otros países- basado en la libertad de expresión que plantea que ninguna proveedora de Internet puede intervenir en las comunicaciones que acarrea para favorecer ni desfavorecer ninguna de estas comunicaciones. Esto es porque si una proveedora de Internet que lanza una aplicación que compite con otra, puede hacer que el acceso a la competencia sea más lento o más tedioso, o que la competencia funcione mal, y de esta manera beneficiarse presentando una aplicación falsamente superadora. En realidad, la cantidad de cosas que puede hacer es tan descomunal como fascista y por eso es necesaria esta regulación, aunque, casi como en todo, muchas pensamos que el mantenimiento y gestión de este tipo de recursos debe estar en manos de la sociedad, especialmente de organizaciones que breguen por el bien común.

La naturaleza de la intervención privada y con objetivos exclusivamente comerciales en este tipo de temas presenta riesgos enormes para la democracia y la organización social. De hecho, estos servicios nunca deberían haber estado en manos privadas, pero lo están, con el agravante de la desregulación y el enorme bache de información, conocimientos y legislación al respecto. Si vemos además, que la abrumadora mayoría de nuestras representantes son totalmente ignorantes en la materia -o al menos así lo demuestra la legislación argentina- los riesgos son todavía mayores, ya que no sólo están desreguladas y cuentan con el poder y el lobby necesario, además, al estado parece no importarle este tema. Es lógico: un estado opresor bregando por la libertad de sus integrantes resulta una contradicción. Pero el hecho es que no sólo son nuestras redes y nuestras comunicaciones: ése es nuestro estado. Somos nosotras las que tenemos que salir a discutir y presionar a nuestras representantes para terminar con este tipo de amenazas que terminan siendo un filtro a la libertad impuesto por un grupo de empresas especuladoras contra los derechos de toda una nación.

¿Qué pasará? Tal vez este debate esté verde en países como el nuestro pero no tardará en llegar luego de que logren imponer estas pautas en el primer mundo. Sólo nosotras podemos pararlo.

¡Happy Hacking!