El 8 de agosto se cumplieron 2 años del rechazo del Proyecto de Ley de IVE en el Senado dejando un sabor amargo en el movimiento feminista. Si bien el debate sobre el aborto divide aguas, fue clara la voz a favor en las calles. Voz a la que las representantes que votaron en contra hicieron oídos sordos.
Hoy, en medio de esta crisis sanitaria, las marchas no son una herramienta por utilizar. A menos que seas una individualista que no te importe la salud de las demás. De este modo, bienvenidas fueron las redes antisociales, donde se llevó adelante un “Redazo Federal” subiendo fotos de todo tipo, en referencia a la legalización del aborto con el hashtag #abortolegal2020 #abortolegalya #argentinaporelderechoadecidir, dejando en claro que “A la clandestinidad no volvemos nunca más” no era sólo una frase pintada en una remera.
La presidenta de la Argentina Alberto Fernández junto a otras funcionarias hicieron propias algunas excusas para evitar el tratamiento de la ley, como fue el caso de la funcionaria Vilma Ibarra que dijo: “Estamos con 7500 contagios por día, no podemos plantear ahora el debate del aborto y ponerle más presión al sistema de salud”. Esta excusa queda trunca cuando se ahonda en el tema y en los resultados nos encontramos con que las personas que deciden abortar no necesariamente tienen que ingresar en el sistema de salud. Una vez más se corre de eje la despenalización del aborto y queda a la vista que con la “voluntad política” no alcanza.
¿Qué pasa con las compañeras que están en el poder?
Sí bien hubo avances en cuestiones de género desde la asunción de Fernández, como la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, no es suficiente si siguen sometiendo a las mujeres a abortar en clandestinidad y en condiciones inhumanas. Esto último en el caso de que no cuentes con el dinero para ir a una clínica privada, donde el valor de un legrado para mediados del 2019 costaba 35 mil pesos. O que no tengas la información necesaria para abortar con Misoprostol o Mifepristona en tu casa, segura.
Durante el debate sobre el aborto en el 2018 y el tratamiento de la ley en las dos cámaras del Poder Legislativo desfilaron voces y discursos emblemáticos que nos hicieron emocionar hasta las lágrimas. ¿Qué pasó con esas voces que hoy, estando en el poder, siendo funcionarias, o trabajando en medios de comunicación no reclaman ni visibilizan esta situación? No le están dando la importancia necesaria que requiere el tema. Y como consecuencia del enmudecimiento de las compañeras y de las falsas promesas de campaña, no se está tratando la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Nos sobran las excusas
La excusa más resonante es la de la de la crisis sanitaria por el Covid-19,en todas sus caras. Por un lado, la “presión al sistema de salud”, que este “no es el momento” y la otra, y esto en palabras de la Presidenta: “cualquier argumento sirve a otros para dividir a la sociedad en un momento en el que tenemos que estar muy unidos por la pandemia” (fuente).
El momento de tratar la Ley es ahora. Seguir postergando el tratamiento de esta es mantener a miles de mujeres en la clandestinidad. La vida de quienes deciden poner fin a un embarazo, sin importar los motivos, es igual de importante que la de cualquier persona que precisa de la intervención del Estado en el ámbito de la Salud Pública. No basta con la buena voluntad que tengan las dirigentes. Hay muchas personas capacitadas para poner en vigencia la ley en todo el territorio argentino.
Mientras se siga postergando la tratativa, miles de mujeres seguirán pagando con sus vidas la decisión de no ser madres. La aprobación y puesta en vigencia de la ley es urgente. Las mujeres seguirán abortando, sin importar lo bien o mal que le vaya a una gestión. Si se pondera la unidad política por sobre los derechos de las personas, el aborto no será legal en argentina. La gobernabilidad, no puede pagarse con los cuerpos ni las vidas de las mujeres. Nos urge que el aborto sea seguro, legal y gratuito.