Cuando se destapó que la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh; había sido infiltrada por la Policía Federal, muchas empezamos a mirar al costado, a preguntarnos cuántos Balbuena habría en nuestras organizaciones y la respuesta no tardó mucho en llegar.
Habría mil espías como Balbuena.
Según se ratificara esta fuerza de espionaje de la Policía Federal existe desde los sesenta, más precisamente desde un decreto de 1963, lo que le da sustento legal a su existencia. Desde ese decreto pasaron dos gobiernos peronistas, una dictadura atroz y otros diez gobiernos constitucionales; ninguno de todos estos últimos gobiernos constitucionales, ni siquiera este último embanderado con declamaciones sobre la defensa de los DDHH han ejercido el derecho de derogación del mencionado decreto y la disolución de ese aparato represivo de espionaje.
¡Cuánto estupor hizo falta para que nos demos cuenta que durante una década, compartimos con un espía con nombre y apellido nuestras vidas y fundamentalmente nuestras luchas! Pero lo que es peor: [pullquote]hay en el campo, metidas en nuestras organizaciones ciudadanas 999 espías totalmente funcionales[/pullquote]. 999 oficiales de inteligencia de la Policía Federal o como lo llaman PCI (personal civil de inteligencia); 999 personas que nos observan e informan a un organismo llamado Reunión de Información de la Federal.
Ahora que la propia agencia Rodolfo Walsh denunció el hecho e inició una demanda para esclarecer los mecanismos de espionaje sobre el campo popular y sus medios independientes, un Jefe de Gabinete sale a decir que el decreto será revisado y eventualmente derogado.
¿Pero qué tan lejos está este cuerpo “legal” de espionaje del Proyecto X o Sibios? ¿Podemos ser tan ilusas de creer que un gobierno que ejerce el poder desde el 2002 al presente no sabía de la operatoria de este departamento? ¿Que un gobierno que regula y abona los sueldos de sus fuerzas represivas ignora sus acciones?
El ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria afirmó en un artículo de Página 12 en 2010; bajo el Título de “Los Intocables” que la Policía Federal, creada en 1943, es la única fuerza que desde el inicio del período democrático en 1983 no ha sido objeto de “ningún tipo de reforma o modernización institucional que erradique sus enclaves autoritarios y la ponga a tono con los parámetros de la seguridad pública democrática”. La única modificación fue a instancias del diputado socialista Simón Lázara, que en 1991 eliminó la potestad de los federales de detener personas sólo para su identificación o averiguación de antecedentes. A través del decreto-ley 9.021 de 1963, durante el gobierno de José María Guido, fue creada la “Orgánica del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina”, esto es, “un verdadero servicio paraestatal de informaciones e inteligencia no sujeto a ningún tipo de contralor administrativo, judicial y parlamentario más allá que el ejercido por algunas pocas miembros del comisariato superior de la fuerza”.
También afirmó este legislador que la reglamentación de 1967 asignó a ese Cuerpo de Inteligencia de la PFA la realización de actividades de inteligencia y contrainteligencia, que posee jerarquías propias en un escalafón diferente a los demás policías, que está exento de las normas que regulan al personal de la administración pública, y se encuentra habilitado para desempeñar empleos tanto en el ámbito privado como público con el objetivo de poder “infiltrarse y hacer espionaje sobre integrantes, actividades, relaciones y circunstancias”. Y acotó un detalle no menor:[pullquote position=»right»] sus miembros tienen prohibido identificarse como integrantes de ese cuerpo[/pullquote].
Hoy estas declaraciones, sumadas a las precisiones operativas del cuerpo y los antecedentes de este gobierno en materia de espionaje, más allá de sus declamaciones. Han puesto en alerta a todas las organizaciones, y surge una modalidad que podríamos llamar “Efecto Balbuena”.
O sea; todas somos sospechosas de ser un PCI y nadie está a salvo de las sospechas de las otras.
El estado -según las palabras de Saín- después de 30 años de asignar un presupuesto elevado se aviene a reconocer, con declamaciones de niña engañada; las ciudadanas no podemos ser inocentes “si hay asignación presupuestaria del Congreso para financiar este cuerpo, ello no sólo lo convalida sino que da cuenta (de) que luego de 30 años de democracia sigue funcionando fuera del marco de las normas que regulan la seguridad interior y la inteligencia nacional”. Y es este planteo de cuerpo de seguridad totalmente fuera de las normas el que se planteaba perfeccionado con el Proyecto X de gendarmería.
Este modelo de espionaje no apunta a hacer inteligencia delictiva; este tipo de desarrollo NO les interesa. Apuntan precisamente a hacer “espionaje político”, a meterse dentro de las organizaciones para identificar a sus miembros, descubrir sus grietas, para informar a su central y construir las criminalizaciones del campo popular. Porque una criminal es peligrosa en el imaginario popular; entonces una militante tirabombas; es una asesina y hay que detenerla. A pesar de los años la criminalización de la luchadora popular no cambió su razonamiento; inclusive hoy es más burda, porque la increíble cantidad de tecnología comunicacional en ruido constante bombardea nuestra conciencia y acompaña esa construcción fraccional de la militante como delincuente; que la aleja de su función de modificadora de realidades …¡de hackers!
Cuando nos dicen que esta metodología “confronta con la legalidad democrática en este tema”; nos están vendiendo “pescado podrido”. El Estado Capitalista Financiero decía Hillferding busca el control total, le repugna cualquier diversidad, todas las formas de libertad que irrumpen ese control. [pullquote]El organismo al que pertenecía Balbuena y el Proyecto X son propios de un estado fuertemente ligado a una política económica neoliberal, corporativa y extractivista[/pullquote]; donde las ricas y las miembros del gobierno se enriquecen obscenamente y el grueso de la población se empobrece.
El Estado Capitalista con los lazos tan comprometidos corporativamente (Monsanto.Chevron-Bayer-Syngenta-Cargill-Ford-Microsoft. Entre otras), necesita de estos cuerpos de espionaje y de estos montajes donde se proclaman los super héroes de los derechos humanos.
Durante el periodo democrático de los países hoy integrantes de la UNASUR han continuado las desapariciones de personas, el asesinato de referentes campesinas, ciudadanas e indígenas originarias; para mantener esta situación de represión permanente son necesarios cuerpos de inteligencia amparados “legalmente” pero invisibles; un montaje permanente que incite al miedo social y al miedo hacia dentro de las organizaciones. Pensar al estado como víctima de este entramado no sólo es inocente, sino criminal. El Estado es el instigador intelectual y como tal debe juzgárselo.
Cuando un personaje como Saín nos dice “Las tareas de investigación criminal ordenadas por autoridades judiciales no son desarrolladas por este Cuerpo, porque no forma parte de sus funciones asistir a jueces y/o fiscales sino sólo hacer tareas de recolección de información y de inteligencias indicadas por sus superiores”. Sólo nos dice que hay otros cuerpos para eso, en el estado no hay inocentes; todas son culpables de lo que hacen las fuerzas represivas que responden a ese estado.
Todas hoy se preguntan ¿Cuántos Balbuena?
Dicen que mil y si eso es verdad ¿hace alguna diferencia?
La realidad es que este estado no ha puesto en disponibilidad a las mil Balbuena. Entonces demuestra que la frase de Walsh “El estado no castiga a sus represores, los premia” sigue vigente; y si Balbuena está en el banquillo, en disponibilidad y siendo juzgado es por haberse dejado descubrir.
Fuente original de la información:
http://www.adrianameyer.com.ar/index.php/item/145-habr%C3%ADa-mil-esp%C3%ADas-como-balbuena
