Como ya sabemos, el 22 de este mes, el Consejo Constitucional francés examinó la demanda de anticonstitucionalidad presentada por nueve asociaciones. Estas pedían la abrogación de la ley de 2016 que penaliza la compra de actos sexuales con multas de 1500€ -e incluso más en caso de reincidencia. Así mismo, la ley prevé una serie de medidas de apoyo a las personas prostituidas que lo deseen (alojamiento, formación, papeles…).
A este propósito, Silvia Ayuso publicó en El País un artículo que se presentaba como aséptico e informativo.
No lo era.
Para empezar, Ayuso titulaba: Francia se interroga sobre el modelo abolicionista de la prostitución.
Parece como si toda Francia estuviera dudando y replanteándose el asunto. Lo cierto es que, como he dicho más arriba, nueve (nueve) asociaciones interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra la ley. Y lo cierto es que, inmediatamente después, setenta (setenta) asociaciones, bastantes personalidades y representantes electos y han pedido que no se abrogue.
Cabe, pues, preguntarse ¿por qué para Ayuso, las nueve primeras son más “Francia” que las setenta restantes?
¿Quién es Francia, para Ayuso? En cualquier caso, no la mayoría de las francesas pues, en efecto, según un sondeo Ipsos publicado hace unos días en Le Parisien, al 78% de franceses la ley les parece positiva (textualmente dicen “c’est une bonne chose”). Entre las jóvenes, el porcentaje de los que aprueban la ley es del 82 %. Además, el 74% de las personas interrogadas considera que la prostitución es violencia (las mujeres lo piensan en un 80%).
En definitiva, un titular correcto tendría que decir: El 22% de las francesas está disconforme con la ley (o no opina).
Como de este “estudio” no sabemos absolutamente nada, cabe preguntarse ¿quién lo hizo? ¿a cuántas prostitutas interrogaron? ¿la muestra fue suficiente? ¿es aleatoria y representativa o solo preguntaron a l@s “afiliadas” del “sindicato” Strass? ¿han interrogado a las que acogiéndose a la ley abandonaron la prostitución para ver si sus condiciones empeoraron?
Ayuso, que, no toma en consideración el sondeo Ipsos (empresa fundada en 1975 y que goza de credibilidad profesional) da por bueno, sin embargo, “un estudio” (así tan cual, sin mayores precisiones) que asegura que la ley ha empeorado sensiblemente la situación de las “trabajadoras sexuales” ya que el 63% declaró que sus condiciones de vida se deterioraron, el 78% que sus ingresos cayeron, el 42% se siente más expuesta a la violencia y al 38% le cuesta más imponer el uso del preservativo, entre otros.
Como de este “estudio” no sabemos absolutamente nada, cabe preguntarse ¿quién lo hizo? ¿a cuántas prostitutas interrogaron? ¿la muestra fue suficiente? ¿es aleatoria y representativa o solo preguntaron a l@s “afiliadas” del “sindicato” Strass? ¿han interrogado a las que acogiéndose a la ley abandonaron la prostitución para ver si sus condiciones empeoraron?
Cabe preguntarse, en definitiva si su credibilidad en comparable con el que realizó la Secretaría de Estado encargada de la Igualdad entre mujeres y hombres y de la lucha contra las discriminaciones (o sea, no un grupete fanático sino una Secretaría de Estado), en 2016 (antes de la ley)
Según el estudio de la Secretaría, en Francia había aproximadamente 30 000 personas prostituidas.
De ellas, el 85% eran mujeres y de esas mujeres, el 93% eran extranjeras.
El 51 % habían sufrido violencias físicas en el marco de la prostitución durante los últimos 12 meses y 64% habían sufrido insultos, humillación y estigmatización
El 38% de ellas habían sido violadas (frente a un 6,8 de mujeres de la población en general).
29% de las personas prostituidas habían tenido pensamientos suicidas durante los últimos 12 meses
En conclusión: un cuadro pavoroso que muestra la verdadera cara de la prostitución. Y este cuadro empeoraría si incluyera datos sanitarios más completos (por ejemplo, enfermedades con las que estas mujeres han sido contagiadas, drogadicciones, esperanza de vida, etc.).
¿Ha empeorado más la situación desde que se aprobó la ley? Para tener la certeza, lo primero que deberíamos saber es si ese “estudio” que cita Ayuso es realmente serio y equiparable al que hizo la Secretaría de Estado.
Y, sea cual sea la respuesta, hay que hacerse la pregunta fundamental:
¿Cómo se atreven a pedir que se legalice una “profesión” que presenta tal nivel de violencia y abusos?
Cualquier persona sensata pediría, por el contrario, que la ley se aplicara con la mayor contundencia y el mayor rigor posibles (cosa que no se está haciendo y que, en consecuencia, mina su eficacia). Es decir, cualquier persona medianamente humana (lo de persona humana parece una redundancia, pero no lo es) pediría que el estado se implicara a fondo y con todo su poder en acabar con esta barbarie.
Vuelvo a preguntar; ¿quiénes son esos seres que piden que una salvajada se legalice alegando que si no la brutalidad es aún mayor? Un argumento de este calibre nos recuerda a lo que se les decía a las mujeres maltratadas: “Sed aún más sumisas e intentad no irritar a vuestro marido y así os pegará menos”. O el que decían los “modernos” en los 80 “Si puedes, evita que te violen, pero si no puedes evitarlo, relájate y goza”.
Con todo, las verdaderas intenciones de los que piden la anulación de la ley quedan claras cuando exponen su argumento clave: la libertad de emprendimiento. O sea, el neoliberalismo sin tapujos: “Emprende y si eres mujer y pobre, emprende con lo único que tienes, tu cuerpo”.
En conclusión: Silvia Ayuso es muy libre de ser regulacionista, por supuesto, pero El País, para evitar el amarillismo, debería publicar su artículo en la sección Opinión.
