El caso de las taxistas manifestándose contra Uber, que no es más que el caso de las empresas que se dedican a la prestación de ese servicio, podría verse homologado en el universo contable – y otros negocios parasitarios similares- si el estado adapta sus formularios a los conocimientos de la sociedad. Esto es: si instituciones como AFIP se adaptan a las personas a las que deberían servir y provee formularios que pueda llenar cualquier persona, se cae uno de los negocios más grades de las contadoras: la ignorancia de las personas y la complicidad del estado que obliga a tramitar en terrenos en los que no capacita a la sociedad en general sino a profesionales.
Los estados y gobiernos que buscan mostrarse democráticos están asentando una pata muy importante en formas de participación y modernización del estado que a la postre terminan siendo testimoniales. No tiene ningún sentido centralizar todos los trámites de ANSES o AFIP -imprescindibles para vivir en Argentina- si las únicas capaces de utilizar el sistema son contadoras. A ver, entiendo que las contadoras tienen un peso corporativo lo suficientemente importante como para lograr a partir de lobby que el estado les haga un sistema a medida. Lo que no entiendo es que el estado lo haga, más todavía porque esa modernización sólo sirve a los efectos de descomprimir largas colas y cierto margen de maltrato, pero la consecuencia inmediata es que una persona NO pueda sacar su monotributo porque no sabe usar una PC, algo verdaderamente preocupante, tené en cuenta, que el monotributo es la forma de precarización más presente en la actualidad y si no lo pudiste sacar… no podés trabajar. En este caso, el estado, producto de su naturaleza de manutensor del statuquo, haciendo caso a lobbystas de los impuestos, deja a la gente sin trabajo. ¿Bonito, no? No es el único caso. Pero el problema fundamental… puede estar en tu nombre.
Tal es el caso de Jennifer Null, un caso tremendo que terminó demostrando cómo esta tendencia mediocre y autoritaria que busca servir a las corporaciones y al estado mismo. Así es que si el estado habilita sistemas de gestión impositiva online, como el caso mendocino de ATM en que pueden imprimirse boletas online, puede simplificar en gran medida algo tan importante como la recaudación. Pero si no brinda un sistema que permita que una persona sin conocimientos específicos opere el sistema y este sólo puede ser operado por alguien que los tenga, entonces el objetivo de las boletas online es abaratar costos de papel, es decir: busca abaratar costos.
Los sistemas son concebidos para que sean utilizados por un determinado público. Cuando se desarrolla alguno, lo primero que se piensa es en quién va a operarlo y de qué manera. Imaginate que un sistema pensado para ciegas no puede dejar de considerar que las personas que lo usarán no pueden ver o tienen la visión reducida. Lo mismo pasa cuando el estado no tiene en cuenta los conocimientos de operación de PC de la sociedad en general, y proporciona herramientas online que sólo puede operar un cuerpo colegiado profesional. ¿A quién sirve esto? Al estado, que no dispone de personas para sus trámites, no gasta en papel, no gasta en mantenimiento de maquinaria y similares, y a las profesionales que viven de llenar esos formularios que sólo pueden llenar ellas, por título habilitante, o porque tienen conocimientos que el común de las personas no.
Seguramente, e indistintamente del punto del globo en que te encuentres, hayas tenido problemas por lo menos similares. Si el estado desarrolla un sistema que sólo se puede utilizar con Internet Explorer, entonces está condenando a la población en general a usar Window$ al menos para hacer ese trámite, algo que a esa empresa debe alegrar bastante, pero que perjudica a la población en general, ya que ese sistema es de los menos utilizados en la actualidad. La argucia de la cantidad de personas con acceso a internet (que no significa que tengan Internet, sino que pueden acceder de alguna manera) sirve para plantear que todas podemos acceder. Pero si se profundiza en ese dato, se verá que la mayoría de las conexiones son desde dispositivos móviles, y los ultra sistemas estatales no funcionan bien en estos entornos, por lo que estamos ante una situación perversa: el estado puede asegurar -falazmente- que la mayoría de la población puede acceder a sus sistemas para realizar los trámites que requieran, y las personas que están totalmente desempoderadas ante situaciones como esa, ni pueden utilizarlos ni protestar al respecto, porque desconocen por qué no pueden usarlos. Bueno, está el detalle de que si protestan las van a reprimir y enjuiciar.
Hay casos que llegan a ser una pesadilla, como el de Jennifer Null, una joven norteamericana que producto de su apellido no puede rellenar formularios online. Su apellido «Null», significa nulo o inválido, y es un valor típico a tener en cuenta por el software que se utiliza en formulario, lo que significaba que luego de rellenar los datos, los formularios den como respuesta algún tipo de error, ya que el valor de invalidez y apellido eran los mismos. El hecho de que las programadoras no tengan en cuenta esta situación provocó que Jennifer no pudiera realizar prácticamente ningún trámite online, y un porcentaje muy importante de los trámites se hacen de esta manera actualmente. Jennifer, producto de la imbecilidad de las programadoras, tiene un raro tipo de incapacidad: digital.
En el universo digital no sólo tener un apellido como el de Jennifer puede perjudicarte. Imaginate que tu apellido tiene Ñ… bueno, no podés utilizarlo en Internet al igual que cualquier otro carácter considerado «especial». Esa «especialidad» no es más que la imposición del inglés y la grafía occidental como mandato universal, algo que pasa desapercibido pero que hace a diario una fabricante de teclados, la desarrolladora de los sistemas operativos y todas las que intervienen en ese proceso. Las comunidades originarias, por ejemplo, han adaptado la grafía occidental -las que no tenían una- para escribir su lengua, para esto han utilizado caracteres de distintos lenguajes, en el caso del castellano tenemos caracteres como la Ñ o los acentos, que no podremos utilizar jamás, algo que viola derechos personalísimos, como el de la identidad. Si yo me llamo Pablo Ñurambi, en Internet, tengo que llamarme Pablo Nurambi y renunciar a mi apellido. Una aberración que no te condena a la hambruna, pero no por eso es menos preocupante ni menos injusto.
El universo del email no es similar sino peor. Allí no es posible utilizar acentos ni caracteres especiales, y al mismo tiempo tenemos un límite de caracteres. Así como comentan en StackOverflow, en dominios, pero no en nombres de usuaria ni emails, sí pueden utilizarse otros caracteres, el problema es que esto no soluciona nada.
Internet y las instituciones que la rigen, buscan adaptarse, pero el problema es que se busca adaptarse en casos particulares, y esto en idiomas como el nuestro en que los caracteres especiales no son afines al inglés, genera que si bien nosotras podamos utilizar estos caracteres, pero no podamos interactuar con quienes no.
¿Cómo puede lucharse contra este tipo de problemas? Puede parecer menor, pero si al menos una pequeña porción de las que vivimos a diario estos conflictos nos avocáramos a denunciar ante defensa de la consumidora -y espacios similares- este tipo de situaciones, por lo menos lograremos visibilizar problemáticas de tanta gravedad como la del estado manteniendo un negocio que requiere sumisión de la sociedad ante una corporación que la integra, y al mismo tiempo generar visibilidad de este tipo de situaciones en las que no sólo el estado sino las empresas violan los derechos de las personas, que no son más que proyecciones ideológicas en aparatos desarrollados sin que se acepte que las tiene, y al mismo tiempo dejar en evidencia a gobiernos que engañan estadísticamente y gobiernan de manera autoritaria.
Ya sabés, la próxima vez que estés ante un formulario, allí, los campos también son de lucha, aunque suene tan bizarramente nimio.
¡Happy Hacking!
